Andorra es un país pequeño y bastante rico, con menos de 80.000 habitantes, en el que apenas nacen unos 500 bebés al año.
Un país así debería ser capaz de cuidar a sus embarazadas y sus familias, y acompañarlas de forma personalizada.
El aborto es ilegal en Andorra, pero no es impensable, en parte porque el Gobierno andorrano y la industria abortista al otro lado de la frontera (sobre todo la catalana) insisten en ofrecer el aborto como solución a todo tipo de inquietudes y signo de «progreso».
El Gobierno andorrano mantiene y difunde un «Servicio de Atención Integral a la Mujer« (SIAD), que no tiene nada de integral: no ayudará a embarazadas, ni a mujeres en peligro de ser traficadas, o vendidas, o despedidas por quedar embarazadas o presionadas para que aborten, ni las ayudará en ningún otro tema.
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