Ahora un informe del Tribunal de Cuentas ha concluido que se produjeron “debilidades en la preparación de los contratos” de las pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad.
Esas debilidades provocaron “graves deficiencias” en el sistema de medidas de alejamiento por violencia de género, como por ejemplo fallos de geolocalización e interrupciones del servicio.
El Tribunal de Cuentas apunta que el problema estuvo en el diseño de las licitaciones para adquirir las pulseras, que se diseñaron para abaratar los costes.
El informe recoge la fiscalización de los contratos de 2018, 2021 y 2023. En 2018 la ministra era la vicepresidenta Carmen Calvo, en 2021 era Irene Montero, y desde noviembre de 2023 es Ana Redondo.
Guindillas a las ministras de Igualdad y a sus equipos, que diseñaron unos contratos que condujeron a adquirir pulseras de localización de…
Autor: ECD
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