El pasado 6 de abril, el Senado aprobó por 154 votos a favor y 105 en contra, la ley impulsada por el PSOE, que modifica el Código Penal para la penalización de los grupos y personas que trabajan en el ámbito de la defensa de la vida.
Ante la aprobación en el Senado de esta proposición de Ley «que criminaliza la defensa de la vida, en particular aquella ejercida pacíficamente rezando frente los abortorios, NEOS quiere denunciar la deriva legislativa del Gobierno que pone en entredicho derechos fundamentales como son la libertad ideológica y de conciencia, el de reunión, el de manifestación y el de expresión».
«Algo falla en la sociedad»
Como ha subrayado Jaime Mayor Oreja, “algo falla en una sociedad en la que matar a un ser humano que va a nacer es un derecho y, sin embargo, a rezar ante los abortorios se le llama arteramente acoso para convertirlo en un delito”.
Según NEOS, esta ley esgrime a su favor argumentos falaces contra quienes se oponen a la modificación del Código Penal y les acusa demagógicamente de estar en contra de las mujeres y de limitar su derecho a ser madres.
“No es cierto que se esté negando a nadie el derecho a ser madre. Lo que está verdaderamente en cuestión es si le damos el derecho a una mujer, que ya es madre, de acabar con la vida de su propio hijo” ha aclarado María San Gil.
Libertad religiosa
Asimismo, NEOS lamenta la estrecha concepción de la libertad en general, y de la libertad religiosa en particular, de la que hace gala el Gobierno. La alternativa cultural asegura que el hecho religioso no es un problema social y considera que un Estado verdaderamente democrático debe reconocerlo, acogerlo y respetarlo desde una laicidad positiva, que poco tiene que ver con el laicismo excluyente.
En palabras de Josep Miró “la modificación del Código Penal para perseguir a las personas que se encuentren en los entornos de las clínicas abortistas solo intenta atemorizar a las personas provida e infundir miedo” y que “España está dejando de ser un estado de derecho para convertirse en un estado policial fucsia con disfraz liberal”.
Miró duda además de la constitucionalidad de esta proposición de ley y anima a decir basta ante tanta arbitrariedad y a luchar unidos en defensa de los derechos fundamentales. Por otra parte, NEOS quiere poner en valor y apoyar, especialmente en estos momentos tan complicados, a cuantos dedican buena parte de su vida a defender la vida de todos, también la de los más débiles: aquellos que van a nacer y no cuentan con voz ni voto.
La labor de los rescatadores
En este sentido, tal y como ha subrayado Luis Peral, la labor que realizan, entre otros, los rescatadores es encomiable, no solo rezando ante las clínicas e informando con verdad y salvando vidas, también acompañando a todas esas mujeres que tras haber abortado se encuentran solas y sin ningún seguimiento posterior por parte de quienes se lucran practicando los abortos.
Según Peral, “el Gobierno parece ignorar cuestiones como la realidad del síndrome post-aborto, el acoso laboral por embarazo o maternidad que sufren tantas mujeres o los métodos que se utilizan para interrumpir el embarazo en gestaciones avanzadas, los cuales producen un sufrimiento fetal incompatible con la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes recogidas en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos”.
Peral concluye afirmando que “nuestros hijos verán en un futuro cómo, aquellos que hoy apoyan el aborto, ponen excusas y buscan coartadas para justificarlo”.
One of Us
Por su parte, la organización One of Us, ha afirmado que las dudas sobre la constitucionalidad de esta Ley deberán ser despejadas por el Tribunal Constitucional. Así mismo, denuncia este uso partidario del derecho que afecta no solo a los grupos provida que rezan u ofrecen ayuda a la mujer en su maternidad, sino también y sobre todo, a la propia mujer a la que se hurta la posibilidad de recibir ayuda o información ante una decisión grave para su vida y la del hijo por nacer.
«Es el triunfo del negocio del aborto frente a la protección a la mujer y a la vida. Es el reconocimiento de una tragedia como sujeto de un derecho que debe ser protegido en el código penal», señalan.
