La regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por Real Decreto plantea problemas serios tanto en su contenido como en el modo en que ha sido adoptada. No estamos ante un simple ajuste administrativo, sino ante una decisión estructural impuesta sin debate parlamentario, sin votación y sin el mínimo respeto por los cauces ordinarios. Cuando una cuestión de esta magnitud se resuelve por decreto, lo que se está diciendo es que la deliberación estorba y que el Parlamento puede apartarse si el fin se presenta como “bueno”.
Que los obispos españoles hayan respaldado esta medida resulta, por ello, doblemente cuestionable. No solo por el fondo de la política migratoria que avalan, sino por la forma en que aceptan que se haya impuesto. El apoyo episcopal no distingue, no matiza, no advierte del abuso del poder ejecutivo ni introduce una reserva mínima ante el uso del…
Autor: Miguel Escrivá
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