Imagen referencial. / Crédito: Kevin Carter/Getty Images.
Veintiún fiscales generales estatales, así como decenas de senadores y representantes estadounidenses, han expresado su apoyo a la demanda del estado de Luisiana que impugna la política de la era Biden que permite el envío de píldoras abortivas por correo.
Esta política de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) eliminó las normas de seguridad vigentes que exigían consultas médicas presenciales antes de que se pudiera recetar el aborto químico.
Múltiples estudios han mostrado altas tasas de hospitalización en mujeres que toman la píldora abortiva, lo que ha llevado a defensores provida y republicanos a instar a la administración Trump a tomar medidas. Si bien las salvaguardas de la FDA podrían restablecerse, la Casa Blanca no lo ha hecho.
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