Autor: Javier Lozano
Un auténtico tsunami mediático, político y social se ha producido en Estados Unidos en las últimas horas tras la filtración al conocido medio de información Politico del borrador inicial de la Corte Suprema donde se informa que una mayoría de jueces votaría la anulación de Roe vs Wade, la sentencia judicial de 1973 que impuso el aborto a petición, sin alegar causa, en todos los Estados de EEUU. Debido a aquel fallo se estima que se han producido desde entonces unos 64 millones de abortos en el país.
En estos momentos, gracias a los tres nombramientos realizados por Donald Trump, existe una mayoría conservadora y provida en la Corte Suprema. Precisamente, este borrador que se ha filtrado lleva la firma del juez Samuel Alito, nombrado por George Bush, y refleja una opinión predominante de una mayoría de los magistrados que conforman la Corte.
Este documento, etiquetado como “opinión de la Corte” ataca directamente los argumentos de la sentencia de 1973, pero también otra posterior de 1992, conocida como Planned Parenthood v. Casey, que afianzaba aún más el aborto ya impuesto judicialmente dos décadas antes.
“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, dice el borrador firmado por el juez Alito, que añade: “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.
Además, el texto de Alito añade: “La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la Nación”.
Samuel Alito fue designado juez en el mandato de George W. Bush.
Si finalmente la Corte se manifestara en este sentido, sería cada estado el que legislase sobre el aborto, lo que provocaría que al no existir ya la sentencia Roe v. Wade, habría numerosos estados que podrían restringir enormemente e incluso prohibir el aborto.
En el borrador, especialmente contundente, aparece: “Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”.
El borrador, que fue preparado en febrero, trata en realidad el caso ‘Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization’ y se refiere a una ley de Misisipi de 2019 que prohíbe realizar abortos pasados 15 semanas de embarazo, excepto los que reclamen ser «emergencia médica física» o «graves anormalidades fetales».
Durante los últimos años se han aprobado leyes provida en distintos estados, como la de Misisipi, concebidas precisamente, o al menos en buena medida, para este objetivo final: neutralizar Roe v. Wade en el Supremo. Los legisladores estatales preveían un bloqueo judicial, por lo que sus argumentos estaban concebidos para atacar las grandes lagunas que presentaba la sentencia de 1973. Con una mayoría provida en la Corte Suprema era el momento de estrategias de mayor calado que la de una normativa netamente estatal.
De hecho, Politico asegura en su exclusiva que recibió una copia de este borrador de una “persona familiarizada con los procedimientos judiciales en el caso de Misisipi junto con otros detalles que respaldan la autenticidad del documento”, que consta de 98 páginas.
La publicación norteamericana, de una tendencia política más situada hacia la izquierda, asegura en su extenso reportaje que cuatro de los jueces del Supremo, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barret habrían votado con Alito en la reunión celebrada entre los magistrados después de escuchar los argumentos orales en diciembre. Esa alineación no se habría movido desde entonces.
Por su parte, los tres jueces designados por los demócratas, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan estarían trabajando en uno o más textos disidentes. Y lo que no estaría claro, según Politico, es el voto en última instancia, del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
En estos procedimientos judiciales los magistrados realizan votaciones preliminares sobre los casos poco después de la discusión y asignan a un miembro de la mayoría para que redacte un borrador de la opinión del tribunal, que es lo que habría hecho Alito. Pero el borrador podría ser más adelante modificado tras las aportaciones de otros jueces. E incluso podría darse el caso que un juez cambie al final por completo el sentido de su voto.
¿A quién interesa esta filtración?
La batalla sobre el aborto en Estados Unidos es enorme en estos momentos. Es una cuestión política de primer orden, pero lo es también ideológica y especialmente económica. De ahí, la relevancia extrema de una posible revocación de la sentencia que legalizó el aborto en todo el país.
Una filtración de estas características no tiene precedentes, lo que ha provocado un gran escándalo en el país, y obligará a una exhaustiva investigación. De ahí las pertinentes preguntas: ¿a quién interesa que se conozca? ¿Lo han hecho los provida o los proabortistas han decidido quemar sus naves para que la opinión pública presione a algún juez para que se retracte de su opinión inicial?
En Mercatornet, Michael Cook se manifiesta al respecto: “Parece más probable que sea alguien del lado ‘pro derecho a decidir’ que del lado provida. El supuesto borrador del juez Alito es cáustico y severo. Según Politico, describe Roe v Wade como una decisión ‘excepcionalmente débil’ que fue ‘extremadamente incorrecta’ y afirma que ha tenido ‘consecuencias perjudiciales’ desde un punto de vista legal. Su tono es ‘burlón’ y lleno de ‘florituras retóricas’. Varias veces describe a los médicos y enfermeras como ‘abortistas’, un término que los grupos de presión a favor del aborto consideran despectivo”.
En su opinión, “esto seguramente enfurecerá al lobby a favor del derecho a decidir y estimulará los intentos de última hora de influir en uno o dos jueces”.
Cautela entre los provida
Entre los grupos provida están viviendo estos momentos entre la alegría contenida de una posible victoria tras décadas de lucha y la cautela, al interpretar esta filtración como una estratagema de los proabortistas.
Jeanne Mancini, presidenta de la March of Life, considera que “dada la filtración, la Corte debe emitir un fallo lo antes posible”. A su juicio, “esta filtración estaba destinada a corromper el proceso. Es desgarrador que algunos defensores del aborto se rebajen a cualquier nivel para intimidar a la Corte sin importar las consecuencias”.
Por su parte, la presidenta de SBA List, Marjorie Dannenfelser, señala, según recoge CNA: “Si el borrador de opinión hecho público es la opinión final de la corte, aplaudimos de todo corazón la decisión. El pueblo estadounidense tiene derecho a actuar a través de sus funcionarios electos para debatir y promulgar leyes que protejan a los niños por nacer y honren a las mujeres. Si de hecho se anula Roe, nuestro trabajo será generar consenso para las protecciones más fuertes posibles para los niños no nacidos y las mujeres en cada legislatura”.
El movimiento provida lleva años avanzando en su lucha, y ahora ve cerca una gran victoria.
Mientras tanto, Lila Rose, fundadora de Live Action, ha hablado a través de Twitter asegurando que “el derecho a matar a un niño no existe. Pero el derecho a la vida es un derecho humano básico”. “Roe se ha decidido erróneamente desde el día en que se emitió. Es ilógico y gravemente injusto. Rechazar a Roe sería un paso importante en la dirección correcta para proteger nuestro derecho fundamental a la vida. Pero si se emite esta decisión, aún no se ha logrado la verdadera justicia”, ha agregado.
Un potente argumento jurídico
Politico informa de las posiciones de los jueces en este caso, excepto la del presidente John Roberts, lo cual no es una sorpresa, pues desde hace tiempo se ha informado de sus dudas al respecto.
En un pasado artículo en The Hill, la jurista Helen Alvaré, profesora en la Antonin Scalia Law School de la Universidad George Mason (Virginia), ya aportaba argumentos para ayudar a Roberts a tomar la opción provida en lo que puede ser una histórica sentencia. Y lo hacía utilizando las propias razones jurídicas de Roberts en la sentencia Obergefell que declaró constitucional el ‘matrimonio’ homosexual, a la que él se opuso.
En junio de 2015, Roberts votó junto a Thomas, Alito y Antonin Scalia, pero fue otro «centrista», Anthony Kennedy, católico y nombrado por Ronald Reagan, quien dio la espalda a la lógica constitucional y dio la victoria a los partidarios de la destrucción legal del matrimonio. En su voto particular contra la sentencia, Roberts utilizaba un argumento jurídicamente impecable: una sentencia carece de legitimidad si su decisión por la constitucionalidad de una ley «tiene poco o ningún vínculo reconocible con el lenguaje o incluso con el designio de la Constitución».
En efecto, a ninguno de los Padres Fundadores se les pudo ni siquiera pasar por la cabeza que la institución matrimonial abarcase el compromiso entre dos hombres o dos mujeres. Por eso Roberts añadía con ironía: «Si estás entre los muchos estadounidenses partidarios de ampliar el matrimonio a personas del mismo sexo, celebra a tope la decisión de hoy, pero… no celebres la Constitución, porque no tiene nada que ver con ello».
Alvaré sugiere a Roberts que aplique este mismo criterio a Roe v. Wade. Es una consideración interesante no solo a efectos de la peculiar dinámica jurisprudencial norteamericana, sino para entender hasta qué punto cambió la mentalidad respecto al aborto a partir de la Revolución Sexual de los años 60 y 70.
En su voto particular contra el matrimonio gay, Roberts defendía que las garantías procesales establecidas por la Constitución exigen que el derecho alegado «esté objetiva y profundamente arriagado en la historia y la tradición de esta nación» e «implícito en el concepto de libertad ordenada, de modo tal que, si fuese eliminado, no habría libertad ni justicia».
Es decir, aplicado al caso del aborto, no puede haber ningún «derecho» que esté en abierta contradicción con las leyes adoptadas generalmente por los estados en la época en la que se ratificó la 14ª Enmienda, que fue a la que se acogieron los jueces en 1973. En aquel entonces, decidieron -en un argumento tan forzado que aún hoy asombra a muchos constitucionalistas- que las garantías de la primera sección de la enmienda sobre el «debido proceso legal» obligado para cualquier limitación de derechos, se aplicaban al «derecho a la intimidad» de la madre sobre si continuar o no con su embarazo. (Si quiere ampliar más en este argumento jurídico puede hacerlo en este reportaje publicado por ReL).
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