La reciente resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (siglas en inglés PACE), que insta a los Estados miembros a prohibir las denominadas “prácticas de conversión”, se presenta oficialmente como un avance en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, un examen detenido del texto y de sus implicaciones revela un problema de fondo preocupante: lejos de limitarse a combatir abusos reales, la resolución adopta una definición tan amplia y ambigua que amenaza libertades fundamentales y genera una seria inseguridad jurídica.
Autor: Elena Lorenzo y Juan Pablo García
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