En un nuevo episodio de intromisión estatal en los asuntos religiosos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha decidido que la Iglesia Católica debe someterse a su interpretación de la Constitución.
Según su iluminada visión, de indigente intelectual, negar la comunión a un homosexual es «claramente inconstitucional». Es decir, el Gobierno ahora pretende legislar sobre los sacramentos, dictando a la Iglesia qué puede y qué no puede hacer dentro de su propia doctrina. La arrogancia no tiene límites.
Pero esto no es todo. Su ministerio ha iniciado expedientes sancionadores contra varias diócesis por lo que llaman «terapias de conversión». Lo que en realidad están haciendo es castigar cualquier acompañamiento espiritual a quienes desean vivir conforme a la fe católica. La Iglesia no ofrece coerción ni tortura, como quieren hacer creer; simplemente brinda…
Autor: Aurora Buendía
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