En Escocia, las llamadas buffer zones -zonas burbuja o de amortiguamiento, que garantizan un espacio de cientos de metros sin manifestantes ante abortorios- podrían comenzar a ser una realidad. En pleno debate por su implementación, parlamentarios como Gillian Mackay llevan meses ejerciendo presión para que las zonas burbuja impidan lo que consideran un delito: que voluntarios provida mantengan una conversación con una mujer que va a abortar y esta se arrepienta o cambie su decisión.
Según el proyecto que quieren aprobar los Verdes escoceses, influir en la decisión de otra persona para acceder al aborto, impedir directamente que se acceda a los abortorios o acosar a otra persona por su decisión son aspectos que serían considerados delito y que los provida estarían llevando a cabo.
Según la propuesta, podrían enfrentarse a una multa de hasta 10.000 libras -unos 11.700…
Autor: José María Carrera
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