Las declaraciones de mons. Luis Argüello tras la firma del acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno, por el que se abre una vía de canalización de denuncias a través del Defensor del Pueblo, merecen una reflexión serena pero firme. No tanto por lo que se ha firmado —que puede leerse como un gesto de colaboración institucional— sino por el marco en el que se inserta y por las implicaciones que conlleva.
El presidente del Episcopado ha insistido en que el acuerdo reconoce explícitamente el plan de reparación de la Iglesia y que la nueva vía no es paralela al PRIVA, sino complementaria, además resaltó que cuenta con el aval de la Santa Sede según comunicaciones que tuvo él mismo con el secretario de Estado, el cardenal Parolin. Jurídicamente puede ser cierto. Eclesialmente, la cuestión es más delicada.
Un reconocimiento que no es neutral
Que el…
Autor: INFOVATICANA
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