Hasta no hace mucho, uno de los mayores miedos para las reclusas de Rikers Island (Nueva York) eran los temibles episodios de violencia desatados por algunas de las prisioneras. Pero desde hace algunos meses, las peleas entre mujeres parecen cuentos de niños en comparación a lo que miles de presas americanas tendrán que hacer frente en los próximos meses.
El caso de Ramel «Diamond» Blount, recientemente sentenciado a cumplir siete años añadidos a su condena por violar a otra reclusa, es solo un ejemplo que lo ilustra. ¿Cómo ha sido capaz de traspasar las férreas medidas de seguridad de Rikers Island para acceder al módulo de mujeres? De hecho, las autoridades le abrieron la puerta. Y cómo a él, a cientos de reclusos que se declaran «mujeres» transgénero.
En California, los guardias avisan a las reclusas del módulo femenino de Chowchilla para que «se preparen para la violencia»: la ley conocida como «SB132» del gobernador demócrata Gavin Newsom empieza a aplicarse.
«Nos dicen que nos preparemos para lo peor»
Las solicitudes de traslado de hombres trans a prisiones de mujeres se cuentan por cientos. Concretamente, Leila Miller, de Los Ángeles Times, ha informado de que en los tres primeros meses de 2022,son 260 las solicitudes de traslado de prisión que concede a las personas trans, intersexuales y no binarias el derecho a ser alojados en prisión según su identidad de género y no por su sexo biológico.
En la prisión de mujeres de Chowchilla (California), los guardias han advertido a las reclusas de que «vienen hombres» y que deben estar preparadas para una oleada de violencia sexual.
«Nos dicen que si creemos que estamos mal ahora, que nos preparemos para lo peor, que [la violencia sexual] va a estar liberada», relata Tomiekia Johnson, reclusa de 41 años.
«Dicen que seremos como una sala de maternidad y que tendremos un programa de reclusas para convertirse en niñeras», detalla.
El doloroso precio de la inclusión lo pagan las mujeres
En California, poco más del 1% de la población carcelaria se identifica como transgénero -lo que suponen unos 1.129 reclusos-, sin embargo, buena parte de las mujeres internas en prisión deberán pagar el doloroso precio de la inclusión orquestada por los políticos. Y es que, según un estudio de 2007, se demostró que la tasa de agresión sexual es 13 veces mayor en las personas transgénero.
Hasta el momento, el sistema penitenciario ha trasladado a cuatro reclusas a la cárcel de mujeres de Chowchilla, aprobado 21 solicitudes de vivienda por motivos de género y no ha negado ninguna. De las 261 peticiones, todas menos seis solicitaron ser alojadas en un centro para mujeres.
Otros estados como Connecticut o Massachusetts han aprobado legislaciones semejantes, si bien la de California es de las más punteras, e incluye medidas para que los reclusos trans que soliciten una cirugía de cambio de sexo pueda ser financiada por el Estado. Según la agencia penitenciaria, desde enero de 2015 hasta febrero de 2021, se aprobaron 65 de 205 solicitudes de cirugía, y se completaron nueve.
Con la nueva ley, a todos los internos se les preguntará al ingresar sobre su identidad de género, sus pronombres o si quieren ser alojados en una institución que se alinee con su identidad de género, según el departamento correccional.
Los reclusos pueden solicitar una transferencia a su consejero, que luego será considerada por un comité que incluye al director, la custodia y el personal médico y de salud mental. El personal revisa los antecedentes penales, las necesidades de salud, el nivel de custodia, la sentencia y las preocupaciones de seguridad del recluso o reclusa.
«Esto infringe mi derecho a estar a salvo»
“Las mujeres cisgénero -las `de toda la vida´ que se presentan según su sexo biológico- se quejan de que quienes llegan son hombres, y muchas de ellas han sido traumatizadas por los varones, por lo que no deberían tener que vivir con ellos”, comentó el trans ya trasladado al módulo femenino Mychal Concepción, de 51 años: “He dicho repetidamente que son mujeres, pero se enfadan conmigo”.
Johnson, la reclusa a la que le dijeron que se preparase para actos de violencia después de los traslados, sobrevivió a la violencia doméstica y afirmó que sería crítico para ella vivir con personas transgénero. “Creo que deberían estar a salvo [los trans], pero esto también infringe mi derecho a estarlo”, remarcó.
Según la Ley de Igualdad de Newsome, cualquier espacio que reciba fondos federales, desde escuelas hasta prisiones, se vería obligado a prohibir los ámbitos dirigidos a un solo sexo, bajo riesgo de recibir cargos por discriminación.
