El pasado 30 de diciembre, Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, instó a la Dirección General de Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad para que activara un expediente sancionador, al amparo de la llamada Ley Trans, contra los organizadores de unos ciclos de conferencias que llevan por título «Transformados«, realizados en cinco comunidades autónomas.
Saúl Castro acusaba a los organizadores de «Transformados» y a siete diócesis españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga) de la «promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento», lo cual podría ocasionar una sanción con multa de entre 10.001 a 150.000 euros, según recoge la artículo 79.4.d de la Ley 4/2023, impulsada por la ex ministra Irene Montero,…
Autor: Álex Rosal
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