La Fundación Española Abogados Cristianos anunció ayer que ha presentado una querella contra la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Verònica Ruiz (Compromís) por sus planes de derribo de la Cruz del parque Ribalta, el parque más emblemático de la ciudad.
En concreto, la entidad la acusa de un delito de prevaricación «con el agravante de discriminación, por seguir adelante con sus planes de destrucción del monumento a sabiendas de que los argumentos que utiliza son falsos«, han expresado a Religión Confidencial desde la Fundación.
“Ataque a la libertad religiosa”
Según Abogados Cristianos, la edila justifica el derribo de la cruz alegando que es un lugar de concentraciones de exaltación de la dictadura, «cuando las únicas manifestaciones que ha habido en torno al monumento han sido protagonizadas por la izquierda radical«.
Por ello, Abogados Cristianos ha solicitado al juzgado de lo Penal de Castellón medidas cautelares para que paralice el derribo de la Cruz al menos hasta que concluyan los procedimientos judiciales abiertos.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia “ataques reiterados a los católicos por parte del Ayuntamiento de Castelló, lo que pone en evidencia que el derribo de la Cruz del Ribalta es por una cuestión puramente ideológica”.
Asimismo, insiste en que “la destrucción de la cruz del parque Ribalta está totalmente injustificada y supone un grave ataque contra la libertad religiosa”.
Polémica desde 2015
Retirar la Cruz del parque Ribalta ha sido una prioridad del tripartito que gobierna la ciudad de Castellón desde 2015 (socialistas-Compromís-Podemos), y de modo especial para Compromís.
La Cruz se inauguró en 1944, tras la Guerra Civil, en honor a “Los caídos por Dios y por España”. En 1979, la corporación municipal cambió su leyenda por “Las víctimas de la violencia”, con los votos a favor de socialistas, Partido Comunista y Esquerra Independent, la abstención de UCD y la oposición de Alianza Popular.
Como informó este digital el pasado 28 de septiembre de 2021, el ayuntamiento inició los trámites en 2017 para retirar la Cruz, a fin de cumplir la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica. Tal como informó RC el 21 y 24 de septiembre de 2017, hubo recogida de firmas en la ciudad contra esa decisión del Ayuntamiento, en medio de una gran polémica ciudadana.
Los partidos políticos de la oposición –PP, Cs y Vox – se han opuesto reiteradamente a la retirada de la Cruz porque es únicamente un símbolo religioso y no le es de aplicación la Ley de Memoria Histórica.
