Que todo el mundo dependa del Estado, que solo pueda hablar el Estado, que el Estado lo controle todo… ese parece ser el objetivo de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Este 16 de enero, el Ministerio del Interior publicó en el diario oficial La Gaceta la ilegalización (técnicamente, la «cancelación de personalidad jurídica»), de 16 ONGs, de las que 10 son instituciones católicas y evangélicas. La firma la puso la ministra de Interior María Amelia Coronel Kinloch.
De este grupo, 9 organizaciones fueron disueltas por orden del gobierno y sus bienes (como es común en la tradición comunista) serán expropiados, es decir, se los quedará el Estado, mientras que las otras 7, según el texto, solicitaron la cancelación «de forma voluntaria».
En el primer grupo están la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, la Asociación Misioneros de la…
Autor: G. de A.
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