Monseñor Enrique Benavent, obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la FE de la Conferencia Episcopal Española, explicó este martes a los periodistas el documento doctrinal sobre la objeción de conciencia que publicaron los obispos españoles el pasado mes de marzo.
En este sentido, Benavent recordó que “el personal sanitario católico no debe prestar una colaboración inmediata a una acción que tienda a la eliminación de una vida humana en su comienzo o final. La objeción de conciencia no tiene que ser a todas las leyes sino a aquellas acciones que atenten contra la dignidad del ser humano, contra la vida humana».
El documento de la Conferencia Episcopal pretende ser una respuesta a las “dudas morales” que se están produciendo con la aprobación de leyes como la de la eutanasia o la reforma del aborto, así como el ataque que se viene produciendo a la objeción de conciencia en los últimos tiempos.
“Siempre ha habido un derecho a la objeción de conciencia”, reiteró el obispo de Tortosa, que puso el ejemplo del servicio militar.
Por ello, señaló que “un católico tiene que objetar en su conciencia cuando haya leyes que atenten contra su religión, contra los elementos fundamentales de la vivencia de su fe”.
El presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe también se dirigió específicamente a los políticos, pues no deben –aseguró- “promover leyes que atenten contra la vida”.
«Un político católico no debería prestar su voto positivo a estas leyes y, si son leyes ya aprobadas o que se sabe que se van a aprobar, manifestando su oposición a esas leyes, se puede prestar el voto a enmiendas que puedan minimizar los efectos negativos de las leyes», explicó.
Monseñor Benvanent afirmó igualmente que «el Estado está obligado a respetar la libertad religiosa y de conciencia». También mostró su rechazo a la elaboración de un registro de objetores de conciencia porque, a su juicio, «viola el principio» de que una persona no sea obligada a pronunciarse sobre sus creencias.
Preguntado sobre si se debería negar la comunión a un político que se define católico pero no se oponen a leyes sobre el aborto o la eutanasia, el obispo no quiso manifestarse y aseguró que es una cuestión no tratada en la asamblea. Sin embargo, dijo que este hecho está limitado por el Código de Derecho Canónico porque supondría hacer «un juicio sobre la persona».
Acerca de la prohibición de rezar frente a los abortorios, el prelado defendió que «la libertad religiosa debe ser un bien protegido por el Estado». «Si no es necesario no se debe restringir, únicamente en la medida de lo necesario desde dos principios, el orden público y el bien común», agregó.
«Si esa libertad religiosa puede convertirse en acoso para otros es el Estado el que debe decidir en función del bien común y del orden público», remarcó.
