En algunas diócesis ha sido desgraciadamente frecuente un recurso tan cómodo como ilegítimo: fomentar que Roma acepte la dimisión voluntaria del estado clerical de sacerdotes acusados de abusos o delitos graves con el pretexto de “resolver” cuanto antes un asunto incómodo. Con esta vía de escape se evita abrir un proceso penal canónico, se prescinde de documentar los hechos y se cierra el caso en falso, como si todo quedara reducido a una simple renuncia administrativa.
Esta práctica, que desgraciadamente se ha tendido a ensayar en casos especialmente embarazosos, constituye un fraude a la justicia eclesial y una afrenta a las víctimas. El Código de Derecho Canónico es claro: la pérdida del estado clerical no es un derecho automático del sacerdote, sino una concesión que puede darse por rescripto pontificio, pero jamás como artimaña para escapar de un proceso…
Autor: Miguel Escrivá
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