La Corte Suprema dictaminó hoy que los ciudadanos no tienen «derecho» a que los fondos públicos se destinen a Planned Parenthood, permitiendo a Carolina del Sur excluir a la organización de su programa Medicaid. La medida hace legal un decreto ejecutivo de 2018 que impide el uso de fondos públicos para proveedores vinculados al aborto.
Autor: Redacción
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