Un informe del Centro Europeo para la Ley y la Justicia revela los mecanismos por los que la Fundación Ford y la Open Society de George Soros financian la labor de los relatores especiales y por tanto dirigen sus informes y conclusiones. El informe se basa en el estudio y análisis de los estados financieros desde el 2015 al 2019 y en entrevistas personales de una hora con 28 relatores especiales entre el 2010 y el 2020. La conclusión es que un 30% de relatores especiales de la ONU -37 de los 121 analizados- recibieron financiación privada, principalmente de la Fundación Ford y de la Open Society de George Soros.
La financiación de los relatores especiales es la siguiente: existe una financiación presupuestaria del Alto Comisionado de Derechos Humanos que cubre dos visitas a países, una visita a Nueva York y una visita a Ginebra al año. No hay sueldo ni equipo porque se asume que el relator debe de ser voluntario y que su trabajo apenas le llevará 3 meses al año. “Una broma”, en opinión de algunos de los relatores entrevistados. Un “low cost” de Derechos Humanos”, señalan otros. El presupuesto anual es de 68 millones de dólares
Además de esta financiación del sistema ONU está la financiación voluntaria al sistema de Derechos Humanos de países como Holanda, Alemania o Estados Unidos, empresas como Microsoft y ONGs como la Fundación Ford o la Open Society. El presupuesto voluntario suma 20 millones. Y finalmente están las aportaciones directas a los relatores que los relatores no tienen obligación de declarar, que suma 14,6 millones de dólares.
¿Y qué dice el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos de estas prácticas? “No podemos impedir que los relatores busquen fuentes de financiación alternativas”, según señala el informe que dice haberse entrevistado también con el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Eso a pesar de que desde el 2007 se exige a los relatores “imparcialidad, objetividad e integridad”.
El resultado es que 37 de los 121 relatores especiales analizados recibieron financiación privada ajena al sistema ONU por valor de 10,7 millones de dólares de 134 fuentes diferentes sin ningún tipo de control ni transparencia. Además, 36 de los 121 reconocieron haber recibido ayudas en especie: oficina y equipo.
Obviamente la financiación sirve para “guiar la acción, enmarcarla o controlarla”, reconocen algunos de los 28 relatores entrevistados. Algunos incluso usaron el término “corrupción”. Otros hablan de la discriminación de los que actúan con independencia frente a los que “conocen el sistema”. Todos reclamaron más transparencia. Ninguno quiso dar su nombre y pidió el anonimato sabiendo que se trata de un tema delicado…
Y hablan sabiendo. De los 28 entrevistados, 14, la mitad, recibieron financiación extraparlamentaria. Y casi siempre la financiación sale de la Fundación Ford o de la Open Society. Además, 52 de los 222 relatores existentes desde el 2010 han tenido o tuvieron después responsabilidad en Open Society o sus satélites Centro de Derechos Reproductivos y Centro Internacional de Justicia Transicional. De esos 52, 14 trabajan actualmente en Amnistía Internacional, 12 en la Comisión Internacional de Juristas y 6 siguen operando desde Open Society.
Y la mala práctica parece acelerarse. En el 2011 las aportaciones voluntarias de los países a relatores específicos fue de 1.741.000 dólares, en el 2019 se disparó a más del doble, 4 millones de dólares. Los principales financiadores: Rusia, Noruega, Suiza y la UE.
Por su parte, la Fundación Ford aportó 2,19 millones de euros en financiar 9 relatores y la Open Society 1,58 millones en 6 relatores.
¿Altruismo?
Hay quien piensa que la financiación de las ONGs es menos riesgosa para la independencia que la financiación de los estados. Supuestamente actúan de manera altruista. La realidad es que “nadie financia nada gratis”, tal y como señalan los relatores entrevistados. La fundación Ford trabaja en financiar litigios estratégicos para lograr la “justicia de género, racial y étnica”. Por su parte, Open Society reconoce abiertamente querer “influir” en el relator especial para la erradicación de la tortura, Juan Mendez. ‘Casualmente’ Méndez elabora un informe en el que concluye que el trabajo doméstico es una forma de tortura. Previamente había recibido 90.000 dólares de financiación de la Universidad de Washington a su vez financiada por Soros…
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex es también un ‘think tank’ muy influyente en los relatores especiales. Se autodefinen como “una voz dominante para el cambio”, es decir, las antípodas de la independencia. Apoyaron al relator de libertad religiosa Ahmed Shaheed, que elaboró un informe censurando la islamofobia y criticando la objeción de conciencia con el aborto. Por supuesto, es una de las universidades financiadas por Open Society y Fundación Ford junto a la Universidad de Nueva York o la Universidad de New Jersey.
En 2017 la Open Society aportó 100.000 dólares al relator especial para la Salud, Mr Puras; sumó otros 380.000 en 2019. El relator sólo declaró haber recibido 5000 pero concluyó que había que caminar hacia la despenalización del aborto, la luz verde a la inmigración ilegal y censuró los valores de la familia tradicional.
Más ejemplos: en 2020 se nombró relatora para la Salud a la ‘doctora’ Flaleng Mofobeng, una activista proaborto con puesto en ocho organizaciones abortistas africanas, todas ellas financiadas por Open Society. La relatora enseña las ‘bondades’ del sadomasoquismo y califica el aborto como “un acto radical de amor propio”.
En definitiva: las posiciones política y moralmente radicalizadas de Naciones Unidas tienen una fuente: su financiador. Y dos grandes benefactores: Fundación Ford y Open Society. ¿Permitimos que unos activistas ideológicos marquen las conclusiones de Derechos Humanos del mundo entero?
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