Lo verdaderamente grave del documento del 4 de marzo de 2025 publicado por El Debate no es solo la literalidad de unos términos que ya conocíamos por filtraciones y declaraciones públicas, sino lo que implica jurídicamente para la estructura de una Iglesia en la que, demasiadas veces, el Derecho se invoca cuando conviene y se ignora cuando estorba. Hasta ahora, el asunto se había presentado como el típico intercambio de impresiones entre Iglesia y Estado: conversaciones, reuniones, “se está trabajando”, “se está dialogando”… Un terreno pantanoso pero habitual. Sin embargo, el momento en que aparece un papel firmado y sellado por José Cobo, el relato cambia: esto deja de ser una conversación y pasa a parecer un acto de autoridad. La cosa cambia.
Porque el documento no se limita a expresar buena voluntad o a dejar constancia de un diálogo. En la práctica delimita…
Autor: Redacción
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