(Vatican News)-Empezando con una hora de retraso, durando cinco horas, ocupada durante 45 minutos por las declaraciones espontáneas del ex director de la AIF, Tommaso Di Ruzza, y durante cerca de dos horas por el interrogatorio del promotor de justicia, se celebró hoy en la sala multifuncional de los Museos Vaticanos la decimotercera audiencia del juicio por presunto uso ilícito de fondos de la Santa Sede. Bromas, discusiones acaloradas y muchas preguntas técnicas se alternaron durante la mañana en la que se interrogó al ex director de la Autoridad de Información Financiera, acusado de malversación de fondos.
La defensa de Crasso
Di Ruzza es el cuarto acusado que responde a las preguntas de la fiscalía y la defensa. El quinto, previsto para mañana 28 de abril, fue el financiero Enrico Crasso. Lo fue, ya que Crasso, a través de un recurso de nulidad presentado por su abogado defensor, Luigi Panella, hizo saber que no se presentaría a la audiencia fijada por el presidente del Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone, ya que aún no había tenido pleno acceso a toda la documentación incautada por los Promotores de Justicia. «La defensa de Crasso en el juicio ha sido gravemente perjudicada», se lee en el documento presentado por Panella el 20 de abril y difundido por algunos medios de comunicación en los últimos días. Más concretamente, Crasso pidió verificar la correspondencia contenida en su ordenador personal incautado hace dos años, pero el ordenador no fue depositado en la cancillería. Esto, según el abogado de la defensa, «perjudicó gravemente cualquier perspectiva de averiguar la verdad».
Excepción «fuera de lugar»
En los últimos meses, la cuestión del material parcialmente devuelto fue el escenario de nueve audiencias. La cuestión fue superada por una orden del 6 de marzo. Y de hecho Pignatone, en un nuevo auto con tono firme, leído hoy al inicio de la vista, rechazó la excepción del abogado de Crasso, definiéndola como «fuera de lugar». El acto -dice- no somete al examen de la Junta de Jueces «cuestiones de hecho y de derecho más y diferentes de las ya examinadas y decididas por los autos de 1 de marzo de 2022 y 5 de abril de 2022». La petición de la defensa «de obtener una copia forense del ordenador incautado ha sido atendida y, por tanto, por un lado, las quejas dirigidas a hacer valer supuestas limitaciones indebidas de las prerrogativas de la defensa son infundadas, de hecho, más que de derecho». Por otro lado, explica el decreto, «son totalmente irrelevantes las expresiones utilizadas en el cuerpo del documento de defensa adicional», que fue presentado por Panella después de que el promotor ya hubiera autorizado la entrega de una copia forense del PC. El Tribunal Vaticano reiteró que había dado «amplio espacio» a todas las peticiones y objeciones de las partes procesales, por lo que «parece fuera de lugar la reiterada reproposición de las mismas cuestiones ya decididas», además «mediante el uso de referencias enfáticas e injustificadas a experiencias inquisitoriales que no pertenecen a la naturaleza de este sistema».
Declaraciones espontáneas de Di Ruzza
En cuanto a Di Ruzza, que fue interrogado desde las 11.15 horas hasta las 15.00 horas (con una pausa intermedia), el antiguo número dos de la Autoridad de Información Financiera leyó una declaración espontánea de dieciocho páginas, en la que sólo confirmó parcialmente los interrogatorios del 23 y 26 de marzo de 2020. De hecho, había que hacer algunas «aclaraciones», en primer lugar, el hecho de que «nunca había conocido ni tenido relaciones con Tirabassi, Torzi, Mincione, Squillace, Crasso o Marogna». Carlino, en cambio, se reunió con él «por razones institucionales», es decir, para concertar encuentros con los Sustitutos de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, y, antes, con el Cardenal Angelo Becciu, con quien sólo se reunió «dos veces». «Mis únicos interlocutores han sido el Santo Padre, el Cardenal Parolin, Monseñor Peña Parra, los máximos responsables del IOR (el presidente De Franssu y el director Mammì), el entonces presidente de AIF, René Brüllhart, los responsables internos de la Oficina de Supervisión», dijo.
Encuentros y conversaciones
A continuación, recordó un primer encuentro con el Papa el 26 de marzo de 2019, en el que informó a Francisco «sobre el resultado de los primeros análisis realizados tras la comunicación de la Secretaría de Estado a la AIF» días antes. El Papa le dijo que había invitado al Sustituto «a dirigirse al presidente y al director de la AIF como personas de confianza de la Santa Sede», subrayando «que era de interés para la Santa Sede pasar una nueva página» en referencia a la decisión de «gestionar directamente, sin intermediarios, la propiedad de Londres». Francisco, según Di Ruzza, pidió «expresamente la asistencia al Sustituto». «Sobre Londres, siempre se ha expresado la voluntad de no iniciar ningún litigio y de llegar a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes en interés de la Santa Sede», teniendo en cuenta los contratos firmados y ratificados en 2018, ha querido remarcar el directivo.
La financiación del IOR
Di Ruzza dijo que Peña Parra «expresó una gran preocupación porque el préstamo contratado suponía unos costes excesivos y era necesario un préstamo de subrogación». Se hablaba de un préstamo de 150 millones con un porcentaje del 8%, lo que suponía unos intereses de 12 millones al año para el Dicasterio. Con la subrogación habría sido un 1 o 2 % al año. En su momento, la AIF se limitó a indicar al IOR -que, como se ha repetido varias veces, no es una entidad de crédito- «la viabilidad de un adelanto de liquidez a la Secretaría de Estado, sin ejercer ninguna injerencia indebida». También en este caso se ha abierto un expediente. El propio IOR planteó por primera vez la hipótesis de «un descubierto» a favor de la Secretaría de Estado en una carta fechada el 13 de mayo de 2019 y firmada por el presidente de Franssu, recordó Di Ruzza, quien, sin embargo, no supo responder por qué el Instituto finalmente dio marcha atrás.
La actividad de la AIF
El interés de Di Ruzza era defender el trabajo de la AIF, así como el de Brüllhart, con quien había una excelente cooperación. «Puedo afirmar que la AIF ha actuado correctamente, dentro de los límites de su mandato, y con respeto a las prerrogativas del IOR», reiteró en la sala. Para demostrarlo, explicó que la Autoridad había realizado un trabajo de inteligencia a dos niveles: «sobre las hipótesis de la transacción» con el corredor Gianluigi Torzi (también entre los acusados) y «sobre la historia, la documentación y las personas involucradas en la transacción de compra» del edificio de Sloane Avenue. Di Ruzza continuó explicando que la AIF sólo había ofrecido a la Secretaría de Estado asistencia técnica en varias ocasiones: al ser un organismo público, no tenía poderes de decisión ni de supervisión. Sin embargo, a nivel internacional se había activado la cooperación con las UIF de los países relacionados con el caso y con la Autoridad de Vigilancia de Malta, a través de comunicaciones espontáneas, solicitudes de información y la petición de comentarios escritos y telefónicos. «Durante 2019 -dijo de nuevo Di Ruzza- hubo catorce reuniones entre la AIF, los gendarmes y los promotores, y yo representé la petición de la AIF también ante los gendarmes. Nunca ha habido respuesta y el 1 de octubre descubrimos el motivo».
Autonomía e independencia
En respuesta a las numerosas y detalladas preguntas del Promotor de Justicia Adjunto, Gianluca Perone, Di Ruzza reiteró que en la AIF nunca fallaron los principios de autonomía e independencia y explicó que en su momento no hubo motivos para transmitir información al Promotor de Justicia sobre supuestas actividades sospechosas. «¿Quería que denunciara a quién? ¿El Sustituto?», respondió a una pregunta, dando a entender que Peña Parra era su única referencia.
Relaciones con Torzi
De nuevo, sobre los 15 millones facturados a Torzi para salir del acuerdo de Londres, Di Ruzza explicó que «la Secretaría de Estado tenía que recuperar el control directo de la propiedad» y que el agente había realizado «un servicio de desarrollo estratégico no gratuito». Además, «se había perdido la confianza en él». Se solicitó información para seguir el flujo de movimientos, explicó Di Ruzza, aclarando que nunca había tenido ningún indicio de amenazas. Tensiones, esas sí, durante las negociaciones. La abogada Paola Severino, parte civil de la Secretaría de Estado, mostró un documento fechado el 11 de octubre de 2019, en el que Torzi amenazaba con inclinar las negociaciones a su favor: «Posibles amenazas», dijo Di Ruzza, «no excluyo la preocupación de la Secretaría de Estado».
Próximas audiencias
El juicio continúa el 5 de mayo con el interrogatorio al Cardenal Becciu. «Seguramente será sólo el principio», dijo Pignatone, fijando otra audiencia para el día 18 para continuar la vista del Cardenal. Fabrizio Tirabassi será escuchado el día 19. Si su interrogatorio y el de Becciu están incompletos, serán escuchados de nuevo el 20 de mayo, de lo contrario será el turno de Crasso. Se han programado otras audiencias para los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio.
La entrada «Caso Becciu»: La defensa de Crasso insiste en pedir la nulidad del proceso se publicó primero en InfoVaticana.
