El corresponsal de la Comunidad de Lanceros en la Comunidad de Valencia está investigando las relaciones entre el que fuera Gran Canciller de la Universidad Católica de Valencia, monseñor Carlos Osoro, y la denominada trama corrupta del caso Azud, cuyo presunto cabecilla es el empresario Jaime Febrer.
El levantamiento parcial del sumario del caso Azud ha destapado que está bajo sospecha una de las decisiones más importantes de la Universidad de la diócesis de Valencia en esa época, la construcción del edificio del hospital universitario. Decisión tomada cuando el arzobispo Osoro era Gran Canciller de esa Universidad. Osoro fue arzobispo de Valencia el 8 de enero de 2009 al 28 de agosto de 2014. El negocio objeto de proceso judicial se inició en 2011.
La trama del caso Azud, que dirigía el empresario Jaime Febrer, según la investigación policial, amañó el pliego para adjudicar un terreno a la Universidad Católica de Valencia para que pudiera erigir un hospital destinado a prácticas de sus alumnos de medicina.
Jaime Febrer, a través del grupo Axis, cuando Rita Barberá era alcaldesa de Valencia, tenía “relaciones comerciales” con el abogado José María Corbín –cuñado de Barberá- y con el exvicealcalde Afonso Grau, de quien dicen los investigadores que cobró cerca de dos millones en mordidas, según publica la prensa. Grau, que dimitió por el Caso Noos, posteriormente volvió a su despacho de la Universidad Católica de Valencia.
La clave de la operación está, según se ha publicado también estos días, en que Febrer creó junto con la Fundación Universidad Católica de Valencia, que presidía Osoro, una sociedad llamada Ética y Salud S. XXI SL que obtuvo documentación sensible para condicionar la adjudicación desde dentro del Ayuntamiento de Valencia.
La Universidad Católica de Valencia firmó un convenio marco de cooperación con la mercantil Inverso SL, vinculada al empresario Jaime Febrer, para “aunar esfuerzos y recursos de cara a hacer efectiva” la puesta en marcha del hospital universitario. La fundación de la UCV, cuyo máximo responsable era el entonces arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, colocó al frente de la operación a Juan Morote, directivo de la institución educativa católica.
La universidad privada llegó a tener siete millones de euros de patrimonio en una SICAV. En 2014, Juan Morote fue destituido por desavenencias con el rector y pocos meses después la Universidad Católica salió de la SICAV.
Según ha podido saber nuestro hombre en Valencia el arzobispo Osoro mantenía buenas relaciones personales con los citados miembros de la trama. Y lo que era evidente es que uno de sus hombres de confianza en la Universidad era Juan Morote.
La UCV, en un breve comunicado, aseguró esta semana que se “apartó y retiró” en 2014 del proyecto de hospital universitario e “instó a la extinción de las sociedades mercantiles” del proyecto para desistir un año más tarde ante el Ayuntamiento de Valencia a la concesión administrativa para la construcción y explotación del hospital. Además, la Universidad mantiene que cumple “escrupulosamente” con la legalidad municipal, autonómica y estatal y rinde cuentas de forma periódica “en su condición de Fundación”.
Contactos en el arzobispado de Valencia de nuestro corresponsal señalan que desde la diócesis se le advirtió a Osoro de los problemas de esta operación y de las formas de trabajo de las personas a las que había autorizado. También señalan que ha sido el cardenal Antonio Cañizares quien ha tenido que resolver los flecos de varios asuntos de similar naturaleza dejados en herencia por Osoro.
No parece por tanto una casualidad que los problemas judiciales y económicos, relacionados con diversas tramas, persigan a Osoro allí por dónde pasa.
Diego Lanzas
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